El Comité de Comportamiento Ético, opina:
En cuanto a los derechos políticos de los jueces y sus límites.
La Constitución Dominicana dentro de los derechos de la ciudadanía establece en su artículo 22.1 el derecho político de elegir y ser elegido para los cargos previstos por la propia Constitución. Por su parte, el artículo 75.2 establece dentro de los deberes fundamentales de las personas, “Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo”. Asimismo, el artículo 208, al referirse al ejercicio del sufragio, indica que este es un derecho y un deber de la ciudadanía para elegir a las autoridades de gobierno.
Este derecho ha sido reconocido por instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), que establece en su artículo 23. "Derechos Políticos:
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores[...]".
Respecto al activismo político de los jueces, la Constitución Dominicana, en su artículo 151, al referirse a la independencia y la imparcialidad de los jueces integrantes del Poder Judicial, dispone en el ordinal primero, que “Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo electivo público, ni participar en actividad político partidista”.
Sobre ese postulado, la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial prevé en el artículo 45, la incompatibilidad de las funciones de los jueces y pertenecer a partidos o asociaciones políticas; y, en este sentido, en el artículo 65.8 establece como falta disciplinaria susceptible de suspensión de hasta 30 días, la realización de actividades partidaristas, así como solicitar o recibir dinero y otros bienes para fines políticos, en los lugares de trabajo, por parte de los jueces.
En ese mismo orden, la Ley núm. 41-08 de Función Pública, cuyos artículos 4, 80.13, 14, 83.9 impactan al Poder Judicial, dispone como prohibición a los servidores públicos y califica como faltas disciplinarias, “Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución; Requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros;[…]”.
Por su parte, la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en el artículo 5 prohíbe la afiliación a un partido, agrupación o movimiento político, a varios colectivos que pertenecen al sector público, dentro de los cuales se encuentran los jueces del Poder Judicial.
En lo atinente al tema ético, el numeral 9 relativo a las prohibiciones generales del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial contempla que los jueces no pueden “Realizar actividades partidistas, o participar en actividades de grupos de presión social, así como solicitar o recibir dinero y otros bienes para fines políticos”.
En ese mismo orden, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, en su artículo 4, dispone que: “La independencia judicial implica que al juez le está éticamente vedado participar de cualquier manera en actividad política partidaria".
Desde la óptica de laética judicial, se reconoce que los jueces, como integrantes de la sociedad y ciudadanos que son, pueden tener ideologías políticas y afinidades partidarias; y, a la vez, se entiende que ellos pueden ejercer sus derechos políticos como cualquier ciudadano. Sin embargo, para preservar la confianza pública en su independencia e imparcialidad, en el ámbito ético, algunos aspectos de su vida privada deben autolimitarse, tal como sería la participación en actividades políticas-partidarias y la expresión pública de opiniones o actuaciones que dejen traslucir una afinidad política partidaria que pueda comprometer su imparcialidad.
Este ha sido el criterio del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas, el cual, en el punto 66 del reciente Informe sobre Independencia de los Magistrados, ha señalado que: “(...) En su calidad de ciudadanos, los jueces y fiscales pueden ejercer sus derechos políticos en pie de igualdad con los demás ciudadanos. No obstante, a fin de mantener la confianza de la opinión pública en el sistema judicial, se acepta en general que los jueces deben actuar con moderación en el ejercicio de la actividad política pública […] es necesario que los jueces y fiscales se abstengan de toda actividad política que pueda comprometer su independencia o poner en peligro la apariencia de imparcialidad” .
Además, en relación con la participación de jueces y fiscales en las redes sociales, en el referido informe se recalca la importancia de que estos velen "por qué la expresión de sus opiniones y convicciones personales no afecte negativamente a sus funciones oficiales, no repercuta negativamente en su condición de funcionarios públicos ni ponga en tela de juicio su imparcialidad o sus obligaciones de lealtad y de responsabilidad con respecto a su cargo" . Razón por la cual, "Se recomienda prudencia a los jueces cuando lleven a cabo cualquier comunicación electrónica, incluidas las comunicaciones mediante mensajes de texto o correo electrónico, o cuando participen en sitios de redes sociales en línea o publiquen material en Internet, habida cuenta de la accesibilidad, la transmisión generalizada y la permanencia de las comunicaciones electrónicas y el material que se difunde en la red. Los mismos principios que rigen la capacidad de un juez para socializar en persona, en papel o por teléfono deben aplicarse a las comunicaciones electrónicas, incluido el uso de Internet y de los sitios de las redes sociales" .
Asimismo, la jurisprudencia internacional entiende que “a la ética judicial no sólo le interesa que el juez sea imparcial (en cuanto tenga la capacidad de impedir que sus ideologías y afinidades políticas-partidarias interfieran en sus decisiones), sino que también que el juez se muestre como tal; es decir que el juez además de ser imparcial debe parecerlo y para esto necesariamente su libertad de expresión política-partidaria debe limitarse mediante las incompatibilidades señaladas. La confianza en la justicia solo se genera con comportamientos ejemplares por parte de quienes la administran, por ello desde el CEJ se promueve que los jueces eviten conductas que puedan poner en tela de juicio, ante los ojos de un observador razonable, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial” .
Por su parte, uno de los representantesdela doctrina más destacada de la región en materia de ética judicial considera que “los derechos políticos de los jueces no se encuentran anulados, sino en rigor, ellos están disminuidos en función de que tiene que haber una reserva de la exteriorización de sus preferencias políticas y por supuesto una expresa prohibición de todo tipo de publicidad de la ideología o militancia partidaria”.
Vistos los textos legales precedentemente descritos, el criterio de la jurisprudencia y la doctrina, el Comité de Comportamiento Ético hace la siguiente Recomendación:
Primero: Se recomienda a los jueces y juezasser extremadamente prudentes en las actividades extrajudiciales que realizan, las cuales no deben ser demostrativas de sus preferencias políticas y/o partidarias para que su accionar no se interprete como apoyo a un determinado partido político, a fin deno comprometer la dignidad de su cargo, su imparcialidad e independencia y la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Segundo:Asimismo, se recomienda a los jueces y juezas ser muy cautelososcuando lleven a cabo cualquier comunicación electrónica, incluidas las realizadas mediante mensajes de texto o correo electrónico, o cuando participen en sitios de redes sociales en línea o publiquen material en Internet, ya sea en grupos, chats, entre otros, sobre temas de índole político o cualquier otro que afecte la imagen del Poder Judicial.
Tercero: Se instruye a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, comunicar las recomendaciones del Comité de Comportamiento Ético a todos los jueces y juezas del Poder Judicial.