Informe de la Cámara de Cuentas revela buen uso de los recursos en la SCJ


Noticia publicada el jueves, 12 de octubre de 2006
Imagen Informe de la Cámara de Cuentas revela buen uso de los recursos en la SCJ


Un informe de auditoría financiera practicada a la Suprema Corte de Justicia por la Cámara de Cuentas de la República revela buen comportamiento de los ingresos y egresos del más Alto Tribunal judicial del país. El estudio de la conducta financiera de la Suprema Corte de Justicia fue realizado durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2005. Señala el informe que la auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internas de Auditoría Gubernamental y las Guías Profesionales de Auditoría adoptadas por la Cámara de Cuentas. Según una comunicación remitida al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge A. Subero Isa, por el doctor Máximo R. Castillo Salas, presidente de la Cámara de Cuentas de la República y del Tribunal Superior Administrativo, el experticio fue hecho de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público, aplicados sobre una base consistente con el año anterior, 2004. Concluye que el examen presenta razonablemente la información relativa a los ingresos, servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros, las transferencias corrientes y las inversiones en obras civiles. Además se concluye que la Suprema Corte de Justicia cumple con las normas legales que exigen las operaciones realizadas por la entidad en las áreas administrativas, financieras y la contratación de los servicios, entre otros. Indica que con los recursos recibidos en el año 2005, se diversificó la depuración de 68 mil expedientes sujetos a liquidación en los diferentes tribunales, teniendo en su haber para esa fecha la defensa de las leyes, tratados, pactos y convenciones relacionados la nacionalidad., También regulaciones y control del movimiento de las personas, igualmente la proyección de la Ley No. 76-02 (Código Procesal Penal), el establecimiento de los tribunales correspondientes a la Defensa del Sistema de Protección y de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes en las principales provincias, municipios y puesta en funcionamiento de los jueces de la Ejecución de la Pena, así como los Tribunales Colegiados de Primera Instancia.